CEDRO ha presentado el segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, un estudio que analiza la percepción que la sociedad española tiene sobre los contenidos editoriales y su propiedad intelectual. El informe revela que los ciudadanos respaldan el trabajo de autores y editores, y apoyan la implementación de políticas públicas que refuercen al sector y sus derechos de propiedad intelectual. Además, explora las justificaciones que usan los consumidores que acceden ilícitamente a contenidos editoriales digitales y los sesgos cognitivos que la tecnología aprovecha para fomentar consumos ilícitos de las obras editoriales.
El estudio, llevado a cabo por Qbo Investigación y Estrategia a través de grupos focales y de más de 2.600 encuestas, revela que el 92 % de los consultados identifica a escritores, traductores, periodistas y editores como la garantía de calidad y credibilidad en los libros, periódicos, revistas y partituras.
De hecho, se ha señalado que, por ejemplo, en el ámbito educativo, la mayoría considera que los autores y los editores profesionales son los que deberían elaborar los contenidos educativos por una cuestión de confianza.
Asimismo, el 94 % de los encuestados reconoce el papel esencial de la propiedad intelectual en el desarrollo de la sociedad, considerándola una garantía de futuro que impulsa el crecimiento educativo, el progreso profesional y la mejora la reputación del sector público cuando este adopta medidas para su protección.
Propiedad intelectual y Administración
En los resultados de esta investigación también se ha evidenciado la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores, un tema de interés general que la administración pública debe liderar. Para el 87,57 % de los participantes, el sector público es responsable de garantizar el respeto a estos derechos. Más allá de una obligación legal, esta labor representa una oportunidad para mejorar la reputación institucional, reforzar valores éticos como la transparencia y la integridad, y contribuir al desarrollo cultural y tecnológico. Al liderar este proceso, la Administración asegura un futuro donde la creatividad y el conocimiento sean recompensados de manera justa y equitativa.
Durante el acto, Nuria Cabutí, directora general de Penguin Random House Grupo Editorial, ha presentado las medidas que los ciudadanos solicitan a la Administración para proteger el trabajo de autores y editores. Entre ellas destacan: impulsar el desarrollo cultural mediante el apoyo a escritores y periodistas locales y la protección de los derechos de autor; fomentar la cultura a través de bibliotecas físicas y digitales, y las ferias del libro; promover el desarrollo del pensamiento crítico, favorecer la difusión de información de calidad, y reivindicar la historia y la identidad cultural.
«Es importante que quienes toman decisiones en el ámbito legislativo y ejecutivo lo tengan muy presente: la cultura escrita es nuestro patrimonio y debe ser fortalecida y protegida, pues es una garantía de futuro para cada uno de nosotros, como individuos, y para todos, como sociedad», ha subrayado Cabutí.